Pablo G. Bartet es un abogado especializado en regulación financiera y criptoactivos, miembro del equipo de ATH21. Desde allí, asesora legalmente a empresas tecnológicas que buscan innovar dentro de un marco normativo seguro. Apasionado de los mercados de capitales y de la tecnología, comenzó invirtiendo en bolsa desde muy joven y fue adentrándose poco a poco en el mundo de las startups y el software.
Afirma: “El verdadero reto es traducir la normativa al lenguaje tecnológico y viceversa”, destacando la importancia de crear soluciones que combinen rigor legal y un diseño amigable para el usuario, con el objetivo de impulsar la adopción de la tecnología blockchain en el ámbito financiero.
Pregunta: ¿Qué te llevó a especializarte en regulación financiera y de dónde viene tu interés por los activos digitales?
Respuesta: La parte financiera siempre fue algo vocacional. Desde muy pequeño, me atraía invertir y sentía verdadera curiosidad por la bolsa. Con el tiempo, a medida que avanzaba mi carrera, ese interés se fusionó con el funcionamiento de los mercados, lo que me empujó a seguir un camino profesional dentro de este sector.
Eventualmente me orienté hacia las startups, ofreciendo asesoría legal en ámbitos que combinan contratos tecnológicos y protección de propiedad intelectual, además de rondas de inversión y pactos de socios: en pocas palabras, todo el ecosistema emprendedor.
¿Y la tecnología? Al final, este campo está muy ligado a la innovación, porque las startups suelen basarse en desarrollos escalables y con fuerte componente tecnológico. Mi pasión por el software y las tecnologías emergentes me llevó a profundizar aún más en este terreno.
Entre 2017 y 2018 conocí un concepto que me resultaba desconocido: los smart contracts. Como abogado especializado en empresas tech, me sorprendió no haber oído hablar antes de algo tan relevante, porque estos “contratos inteligentes” parecían fusionar derecho y tecnología de forma innovadora. Cuando investigué su funcionamiento, entendí que, para que esta tecnología fuera realmente operativa, la blockchain debía poder acceder a datos del mundo real, así que me puse a indagar. Mi primera referencia fue Chainlink, un oráculo que me mostró un espacio donde la tecnología se unía a fragmentos de código capaces de reemplazar relaciones jurídicas tradicionales.
Mi primera reacción fue invertir en ese protocolo (medio en broma), y después seguí estudiándolo. Tuve que abandonar ciertas ideas preconcebidas sobre el ámbito cripto para darme cuenta de que, realmente, esta tecnología podía aportar mucho valor al sector financiero. Fue entonces cuando di el salto y tuve la suerte de sumarme a ATH21 junto a Cristina Carrascosa y un equipo magnífico.
P: Entiendo que tu percepción sobre la tecnología ha cambiado…
R: Así es. Al principio, sentía que el sector estaba lleno de bombo publicitario, donde a veces bastaba con usar la tecnología para subirse al carro, aunque no existiera un proyecto o modelo de negocio bien definido.
Sin embargo, cuanto más aprendías, más te dabas cuenta de que las relaciones jurídicas tradicionales—muchas veces cargadas de burocracia—podían renovarse con esta tecnología. Tanto en Europa como en otras partes del mundo, la gente vio ese potencial, y eso se percibe en la cantidad de iniciativas legislativas recientes enfocadas en blockchain, criptoactivos, inteligencia artificial e identidad digital. Todo está interconectado.
P: ¿Cómo ha evolucionado la legislación desde que empezaste?
R: Cuando empecé con modelos basados en criptoactivos, no había un marco normativo específico que los contemplara. La gente se apoyaba en analogías o interpretaciones de leyes locales o extranjeras. En esencia, no existía una regulación consolidada.
Con el tiempo, empezaron a dibujarse límites para proteger a quienes interactuaban con estos activos. Surgieron las primeras implicaciones legales—por ejemplo, las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales (AML). Fue entonces cuando los proveedores de servicios—como los que ofrecían intercambio entre fiat y cripto—tuvieron que cumplir requisitos de evaluación de clientes según el riesgo y someterse a obligaciones de información.
Hoy en día existe una regulación uniforme en la Unión Europea que rige tanto para proveedores de servicios de criptoactivos como para cualquiera que quiera emitir tokens, protegiendo a los inversores y equiparando a estas empresas con firmas de inversión y estructuras de mercado más tradicionales.
P: En LinkedIn has hablado sobre la transformación digital en compliance. ¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos que enfrentan las empresas hoy en día?
R: No quiero atribuirme todo el mérito, pero creo que la regulación es el principal obstáculo. Muchos de nuestros clientes vienen de entornos de desarrollo tecnológico; son muy buenos en la parte técnica, pero tarde o temprano se dan cuenta de que tienen que abordar la cuestión regulatoria y de cumplimiento normativo.
No se trata solo de traducir la ley al mundo tech, sino también de trasladar la tecnología a un lenguaje jurídico. En este ámbito, es casi inevitable cierto grado de interacción con el regulador, de modo que es fundamental entender tanto la tecnología como el entorno regulatorio. En definitiva, el reto es equilibrar el cumplimiento legal con la capacidad de interpretar y adaptar la tecnología a un marco normativo adecuado.
P: MiCA (la regulación europea para Mercados de Criptoactivos) parece haber sido un hito en Europa. ¿Cuáles son sus principales retos y oportunidades?
R: El objetivo de MiCA es proteger a los inversores y dar estabilidad a un mercado nuevo, impulsado por la tecnología, que puede ser propenso a estafas, fallos operativos o malas decisiones. Al regular el sector, MiCA busca ofrecer mayor seguridad a los usuarios.
Sin embargo, esa protección también puede generar fricciones. Estar regulado genera confianza en el inversor—y a la larga puede elevar la demanda—pero también reduce las tasas de conversión. Los usuarios que antes se registraban con unos pocos clics ahora se encuentran con formularios más extensos y condiciones legales más específicas. El desafío para las plataformas es presentar la información de manera clara y concisa, y contar con apoyo legal especializado para minimizar esas barreras sin perder en seguridad.
P: ¿Crees que regulaciones como MiCA atraerán a más inversores minoristas hacia los activos digitales?
R: Sí, sin duda. Si quieres centralizar la actividad, tienes que respetar al inversor y cumplir lo que prometes. Desde mi experiencia, invertir en cripto sin un marco regulatorio no es muy tranquilizador, sobre todo porque pocas personas pueden auditar el código que respalda cada plataforma. Disponer de un respaldo legal da seguridad a los inversores minoristas, que en su mayoría no tienen idea de lo que ocurre tras bambalinas.
Ahora bien, las plataformas deberán desarrollar productos atractivos que se ajusten a la regulación para aprovechar realmente ese potencial.
P: ¿Cómo crees que MiCA afectará los procesos de KYC y AML?
R: MiCA reforzará la seguridad, asegurando que quienes inviertan estén correctamente identificados. Combinado con otras directivas, como las de prevención de blanqueo de capitales, se refuerzan los controles para evitar el blanqueo y la financiación de actividades ilegales.
La mayoría de proveedores de servicios cripto en países de la UE ya tenían obligaciones de AML, pero MiCA añadirá más requisitos, lo que seguramente aumentará la fricción en la experiencia del usuario. Veremos la tensión entre proteger al inversor y ofrecer un proceso de registro sencillo.
P: La IA, el machine learning… ¿cómo pueden impactar en los procesos de KYC y AML?
R: Actualmente, distintas normativas—MiCA, inteligencia artificial, identidad digital, servicios de pago—se tratan a menudo de forma aislada. Pero en la práctica, estas tecnologías se van a unir para transformar los servicios financieros. La identidad digital, en concreto, puede mejorarse mucho con sistemas de IA, y varios proyectos ya lo han demostrado. En el ecosistema cripto se habla de “DeFAI”, donde agentes que actúan de forma autónoma o reactiva pueden automatizar operaciones. Esto supone un gran avance para la gestión de wallets y la interacción de los usuarios en autocustodia, incluyendo la verificación de identidad.
A futuro, creo que empresas como Didit están totalmente inmersas en este camino. La meta final es poder realizar cualquier operación financiera desde un smartphone. La fusión de la identidad digital, los mercados basados en DLT y la IA cambiará radicalmente la facilidad de acceso a las finanzas.
P: ¿Cuáles son las medidas imprescindibles para un sistema sólido de AML?
R: Es clave seguir las pautas de los organismos supervisores correspondientes, como SEPBLAC en España, en coordinación con el Banco de España y la CNMV. Además, la escalabilidad es muy importante: cada vez más empresas buscan soluciones interoperables para que sus clientes no tengan que completar el proceso de KYC en cada plataforma.
Las wallets de identidad digital, sobre todo las basadas en sistemas descentralizados, son una herramienta muy eficaz. El uso de mecanismos de prueba de conocimiento cero (zero-knowledge) puede mejorar mucho la privacidad y permitir a los usuarios acceder a varios servicios con una sola verificación. Para mí, esa es la combinación ganadora, y proyectos como Didit están demostrando cómo hacerlo bien.
P: ¿Qué estrategias recomiendas para que las empresas integren soluciones tecnológicas sin descuidar el cumplimiento normativo?
R: En nuestro despacho, Cristina (Carrascosa) habló del concepto de “Legal by Design”, que a veces llamamos “legal hacking”. En esencia, saber derecho es el punto de partida de cualquier abogado, pero lo que realmente marca la diferencia es aprovechar la experiencia para diseñar estrategias legales que reduzcan fricciones y permitan escalar un negocio sin salirse del marco normativo.
P: El compliance, sobre todo en cripto, cambia muy rápido. ¿Qué habilidades y conocimientos deberían tener quienes quieran destacar en este campo?
R: Además de la formación y la práctica jurídica, es crucial entender que te mueves en un terreno inestable, donde no siempre hay certezas absolutas. Aunque al principio no existiera un marco legal específico para cripto, eso no significaba que las normas básicas del derecho pudieran ignorarse—aspectos como la creación y perfeccionamiento de contratos, o las condiciones mínimas en las relaciones empresa-usuario, seguían siendo aplicables.
Los profesionales deben combinar conocimientos legales tradicionales—a menudo basados en conceptos de toda la vida—con las nuevas normativas que van surgiendo. Hay que saber apoyarse en ambos mundos y confiar en tu dominio de la ley y la tecnología para proponer soluciones reales.
P: ¿Crees que las normativas de prevención de riesgos actuales son lo bastante sólidas? ¿Qué mejorarías?
R: Diría que sí, son suficientemente robustas. Europa ha sido pionera en la regulación fintech, ofreciendo estabilidad y previsibilidad. A menudo se dice que, mientras Asia o EE. UU. impulsan la innovación, Europa opta por la regulación. Sin embargo, este modelo resulta muy atractivo para las grandes corporaciones. Imagina montar una empresa tecnológica en una región sin normativa, y que luego el regulador pueda tomar decisiones arbitrarias—como ocurre a veces con la SEC en EE. UU., donde hoy cumples la norma y mañana puedes recibir una sanción millonaria.
Así que existe esta tensión entre tener reglas estables—aunque no satisfagan a todos—y la incertidumbre de una “regulación por vía sancionadora”. Desde mi punto de vista, el modelo europeo ha funcionado bastante bien en fintech, aunque hay áreas, como las stablecoins o los medios de pago tokenizados, que requieren más pulido.
En este momento, también gana fuerza el interés por las soluciones DeFi, donde la combinación de identidad digital, IA y criptoactivos puede ofrecer grandes ventajas. Sería un error intentar aislar este campo, sobre todo si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Lo importante es que la normativa no se convierta en un “Frankenstein” que acabe frenando la innovación.
P: De cara al futuro, ¿cuáles crees que serán las principales tendencias en compliance para cripto y fintech?
R: Pienso en estas tendencias:
- Autocustodia: Dar a los usuarios el poder de gestionar sus propias wallets y datos, asumiendo la responsabilidad personal.
- Tecnología Zero-Knowledge: Implementar protocolos que garanticen la privacidad del usuario, evitando la divulgación de documentos sensibles para pasar comprobaciones básicas.
- Descentralización: Apostar por soluciones basadas en DLT. Con la entrada en vigor de MiCA, creo que habrá un interés creciente por DeFi. Además, en el ámbito de los mercados de valores, existe mucha sinergia entre el sector institucional y los proyectos DeFi, por lo que podríamos ver la aparición de nuevos productos muy interesantes.