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Key takeaways
El lavado de dinero es un problema global que afecta a las economías y alimenta el crimen organizado.
Las regulaciones AML buscan prevenir y detectar el lavado de dinero a través de diversas medidas.
El proceso de lavado de dinero típicamente involucra tres etapas: colocación, estratificación e integración.
KYC y AML son procesos distintos pero estrechamente vinculados en la lucha contra los delitos financieros.
El lavado de dinero o blanqueo de capitales es el proceso por el cual los criminales intentan hacer pasar por legítimo un dinero cuyo origen es ilegal. Las políticas de AML (Anti-Money Laundering, por sus siglas en inglés), buscan poner cerco a esta práctica que trabaja habitualmente para lavar dinero que llega de actividades como el narcotráfico, la corrupción o terrorismo.
El blanqueo de capitales es un problema global con importantes consecuencias, puesto que afecta a la economía global, debilita el sistema financiero y alimenta al crimen organizado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que cada año se lavan entre 2,17 y 3,61 billones de dólares anuales, lo que equivale a un 5% del PIB mundial.
Ante este problema, las regulaciones contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBC/CFT) buscan reducir y acabar con esta práctica ilegal, dando una mayor responsabilidad a las entidades reguladas para luchar contra estos delitos financieros.
Las directivas Anti-Money Laundering (AMLD) son un conjunto de normas que se encargan de intentar proteger y mantener sano el sistema financiero. Estas regulaciones se encargan de hacer que las organizaciones financieras apliquen ciertas pedidas para prevenir y detectar el blanqueo de capitales. También se solicita que se notifiquen aquellas transacciones o actividades sospechosas a los organismos competentes.
Las directivas contra el blanqueo de capitales se encargan de diseñar el marco regulatorio, pero son las organizaciones las que deben aplicar las normativas de Anti-Money Laundering. Los pasos más habituales son:
Además de estas medidas, son muchas las empresas que también aplican el análisis de riesgos o las auditorias internas continuas como parte de este proceso. El incumplimiento de la ley puede acarrear importantes multas para las compañías.
Las normas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT) nacen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), cuya sede está en París. Esta organización trabaja bajo el paraguas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus directrices tienen un impacto en todo el mundo.
Actualmente, el GAFI establece 40 recomendaciones que los países deben implementar en sus marcos legales y regulatorios en su lucha contra el blanqueo de capitales. Estas recomendaciones abarcan una amplia gama de temas, como diligencia debida del cliente (CDD), informes de transacciones sospechosas (STR) o cuestiones de cooperación internacional.
Las normas de este organismo (GAFI) son aceptadas como el estándar internacional para combatir el lavado de dinero. Más de 180 países y jurisdicciones se han comprometido a implementar sus recomendaciones, lo que significa que estas directrices tienen un efecto significativo en la forma en la que las instituciones, principalmente financieras, operan y gestionan sus políticas contra el lavado de dinero.
Después, a nivel más local, cada país tiene la responsabilidad de implementar las recomendaciones en su propia legislación. Es por eso que no todos los países tienen las mismas normativas con respecto a la prevención del blanqueo de capitales y los marcos regulatorios de AML pueden variar de un estado a otro.
Además, hay que tener en cuenta que este marco regulatorio contra el blanqueo de capitales es un reglamento que está vivo y en continua evolución. El Grupo de Acción Financiera Internacional marca nuevos dictámenes para adaptarse a las nuevas amenazas y tendencias globales. Es por eso que las instituciones financieras deben estar al día con las regulaciones de AML (Anti-Money Laundering) para garantizar que están cumpliendo con sus obligaciones y protegiéndose de los potenciales delitos financieros.
En España, el organismo responsable de establecer las directrices y normas que las entidades deben cumplir es el SEPLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias). Esta institución, además, también se encarga de supervisar el cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales. Puedes conocer más acerca de la normativa KYC y AML en vigor en España en este artículo.
En Estados Unidos, la FinCEN (Red de Represión de Delitos Financieros) es la principal agencia responsable en la lucha contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo. Este organismo es el encargado de emitir las regulaciones y orientaciones para las entidades obligadas, así como supervisar su cumplimiento.
Por su parte, en Reino Unido, la FCA (Autoridad de Conducta Financiera) es la responsable de supervisar el cumplimiento de las normas relacionadas con la prevención del lavado de dinero por parte de las entidades financieras. Ese organismo tiene la potestad para imponer sanciones cuantiosas a aquellas entidades que no cumplan con la regulación.
Habitualmente, el proceso de blanqueo de capitales o lavado de dinero se compone de tres fases: colocación, estratificación e integración. Esto es lo que hacen los blanqueadores habitualmente.
En la etapa inicial, el objetivo es introducir el dinero dentro del sistema financiero. Esta colocación de capitales suele llevarse a cabo en negocios que mueven mucha cantidad de efectivo, transacciones inmobiliarias (compra-venta o alquiler de inmuebles) y juegos de azar.
Otro método puede ser el pago de deudas con efectivo, o el cambio de divisas para convertir parte del dinero a otra moneda. Para introducir este dinero ilegal, otros deciden transportar el dinero a otros países con menor control financiero.
La estratificación es el proceso de crear un registro documental que oculte el origen ilegal de los fondos y proteja la identidad de los criminales. Transferencias a través de múltiples cuentas o conversiones continuas de divisas suelen ser algunas de las señales de alerta para organismos reguladores y organizaciones.
Es por eso que entidades financieras como bancos o neobancos tienen la obligación de realizar una debida diligencia para detectar este tipo de actividades ilícitas.
Una vez el capital está lavado, se reincorpora al circuito financiero legítimo y vuelve a manos de los delincuentes. El proceso anterior de estratificación hace muy complicado distinguir entre fondos obtenidos de forma legal e ilegal.
Por ejemplo, si los criminales adquirieron activos (como inmuebles, joyas o vehículos), podrían revenderlos para recuperar ese capital, ya de curso legal. Otra técnica común es emitir facturas falsas a empresas fantasma para recibir pagos por servicios o bienes realmente inexistentes.
Aunque vayan prácticamente de la mano, los procesos de verificación de identidad (KYC, Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering) no son lo mismo, aunque sí están estrechamente vinculados. Mientras que el primero se centra en conocer e identificar a la persona, el segundo trata acerca de toda la normativa vinculada a los capitales, su origen y trazabilidad. Se podría decir, por tanto, que la verificación de identidad es la primera fase de la lucha contra el blanqueo de dinero.
Por eso, contar con un software de verificación de identidad o KYC sólido permite a las organizaciones generar los cimientos para permanecer alejados del fraude.
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